Abogado Pamplona

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS NOTIFICACIONES TELEMATICAS A LA ABOGACÍA.

2012-02-08T10:02:00.000-08:00

Los abogados del del Colegio de Abogados de Pamplona (MICAP) recibimos hace unos días una comunicación, en la que se convoca a una sesión formativa puesto que a partir del 1 de marzo será obligatoria la notificación y envío de expedientes entre los letrados del MICAP y los tribunales de Justicia de Navarra. Esta convocatoria trae causa de una Instrucción de la Secretaría de la Sala de Gobierno del TSJN.

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE USO.

A este respecto es aplicable el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)

Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.

1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.
Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.
Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.
En cualquier caso, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.
Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.
No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.

Es decir, que cuando los profesionales, esto es los abogados, comuniquen a los órganos judiciales la disponibilidad de medios propios, es entonces cuando se puede comenzar a utilizar las notificaciones telemáticas.

La Ley 18/2011 no deroga este precepto, sino que se limita a señalar su obligatoriedad.

Art. 6.3
3. Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente Ley, tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

Por lo tanto la obligación debe darse desde la comunicación del 162 de la LEC.
Muy al contrario de esta simple interpretación, se mantiene la obligación contraria a la Ley de comienzo de uso el 1 de marzo. Para ello se esgrime un convenio de colaboración entre la Junta del MICAP y el Gobierno de Navarra (GN) y los Tribunales de Justicia de Navarra, del año 2011. Dicho convenio de colaboración, carece de pautas y fechas concretas y resulta vacuo en su contenido.

Se suplanta la POSIBILIDAD DE LOS PROFESIONALES que es lo que mantiene la LEC, tanto en el momento como en los medios, por la unilateral voluntad de un Órgano Colegiado como es el MICAP. Cuya función no es acordar en nombre de cada uno de los profesionales. Puesto que de ser así, así se hubiera previsto en la LEC.

En la reunión en el Palacio de Justicia de Navarra, citados todos los letrados del MICAP se puso de manifiesto por la Secretaria de la Junta de Gobierno del Tribunal de Justicia de Navarra (TSJ) y por parte de una directora de servicio de Gestión de Medios Materiales de Justicia, del GN la obligatoriedad de su uso. Puesto en su conocimiento la anterior reflexión, se remitieron al convenio de colaboración mencionado, diciendo que pudiera interpretarse lo contrario, pero que es lo que había.

DEFECTOS GRAVES DEL SISTEMA AVANTIUS.

Los letrados que hemos utilizado el sistema en los últimos años hemos detectado los siguientes fallos:

1. Justicia del GN ha diseñado el programa con la empresa TRACASA entre otras. Hasta la semana anterior a la reunión se podía acceder a la aplicación, y en la misma se podían visualizar los expedientes. Desde el día 3 de febrero, dicho acceso se ha bloqueado y está operativo exclusivamente para quienes se den de alta en el sistema de comunicaciones telemáticas. Se hurta de facto la posibilidad de visualización a quienes no tengan medios para la remisión de expedientes.

2. El formulario de adscripción omite deliberadamente que el letrado se suscribe a un sistema voluntario, y que le obliga a tener medios necesarios sine die. No menciona su amparo legal, ni las consecuencias de dicha adscripción que legalmente no tiene posibilidad de retorno.

3. Para enviar un documento al expediente, si está redactado en procesador de texto, debe convertirse a PDF y luego subirlo al sistema. Esto parece ciertamente sencillo, pero no lo es cuando hay que escanear documentos a dos caras, añadirlos a un escrito propio y posteriormente añadirle más documentación. Todo ello constará como un documento en el expediente, y ciertamente no es fácil hacerlo.

4. Obliga a los letrados a tener un escáner, un programa que modifique PDFs y un procesador de textos que convierta a PDF. Es más, obliga a disponer de más de un equipo completo para el caso de que le de error en la generación del documento, escaneo, etc…

5. El sistema te deja indefenso cuando falla el certificado, cae el ADSL, etc.

6. El sistema no cumple las mínimas reglas de accesibilidad web. No está adaptado para compañeros con discapacidad visual.

7. El sistema no presenta los documentos de los expedientes ordenados de manera alguna.

8. El sistema no permite anular envíos subidos por error, por ejemplo de otros expedientes.

9. El sistema no folia las actuaciones.

10. El sistema no permite la descarga de todas las actuaciones en bloque.

11. No consta la capacidad técnica del sistema, desconociendo el tamaño máximo de envío de ficheros.
12. Se ha eliminado la posibilidad de acceso sin estar dado de alta, vulnerando la Ley 18/2011.

Artículo 6. Derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia.
1. Los profesionales de la justicia tienen el derecho a relacionarse con la misma a través de medios electrónicos.
2. Además, los profesionales tienen, en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad judicial y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:
a. A acceder y conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.
b. A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que sean representantes procesales de la parte personada o acrediten interés legítimo, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en las leyes procesales.

VULNERACIÓN LEGAL, DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD.

El sistema admite diferentes firmas digitales pero IMPIDE FIRMAR DIGITALMENTE DESDE UN MACINTOSH. NI TAMPOCO DARSE DE ALTA EN EL SISTEMA. Se vulnera la libre competencia por vulnerar varias directivas comunitarias, vulnera la neutralidad operativa e incumple acuerdos del Parlamento de Navarra.

• Publicada el jueves, 24 de junio de 2010
• Aprobada una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a facilitar la interoperabilidad para realizar gestiones administrativas o cualquier otra actuación
• Es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información
• El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “facilitar la interoperabilidad y hacerla extensible, especialmente a todos los sistemas informáticos en que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración de la Comunidad Foral, tanto para realizar gestiones administrativas como firma de documentos o cualquier otra actuación”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. SPN aclara que la interoperabilidad es la “capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos”.

En el ámbito de las Administraciones Públicas, “la consagración del derecho de los ciudadanos a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las mismas”.

A ese respecto, se alega que en el caso de Navarra, el Observatorio de Neutralidad Tecnológica “viene denunciando determinadas prácticas” de la Administración de la Comunidad Foral, en el sentido de “no facilitar la interoperabilidad”, cuestión que “debe solventarse lo antes posible, garantizando su no repetición”.

• www.parlamento-navarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 55, de 14-05-2010)

La aplicación vulnera la Ley 18/2011 que declara en su art 1 y 2 que su objeto es regular la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de Administraciones y organismos públicos, en los términos recogidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

El art.6, 2, letra d) del texto declara el derecho de los profesionales:

"A utilizar los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro reconocido, siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca como profesional para cualquier trámite electrónico con la Administración en los términos establecidos por las leyes procesales."
Des de un sistema OSX no permite su funcionalidad.

EN RESUMEN.

• No se cumple el criterio de neutralidad y de interoperabilidad previsto en el art 6, 2 letra d) de la ley 18/2011
• No permite el acceso para todos los letrados independiente de la plataforma informática en la que operen.
• No cumple los requisitos mínimos de accesibilidad para discapacitados.
• No existe obligatoriedad para los profesionales de la abogacía.
• El sistema no es seguro para los profesionales.
• Se incumple el deber mínimo de información por parte de la aplicación del Gobierno de Navarra.
• Se ha transmitido que se trata de una obligación para todos los colegiados de Pamplona, cuando no lo es, con el único fin de provocar un alta masiva de colegiados, provocándose un fraude colectivo.

En consecuencia, RECOMENDAMOS:

QUE NINGÚN LETRADO SE DE DEALTA EN EL SISTEMA.

DEBE PARALIZARSE las altas masivas, y debe remitirse información veraz a todos los colegiados.

De igual forma, en defensa de nuestros derechos, el TSJ DEBE PARALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TELEMÁTICOS A LOS LETRADOS hasta que no se informe verazmente de las implicaciones de dicha alta, de su voluntariedad y de su irrevocabilidad.

QUE EL GOBIERNO DE NAVARRA corrija del sistema Avantius para subsanar la neutralidad en la red, la accesibilidad y demás errores de sistema arriba mencionados.

SE RESTABLEZCA del sistema a los efectos informativos de conformidad con la Ley 18/2011.

Sergio Gómez Salvador Abogado.

XI Curso Homologado de Especialización Jurídica contra la Violencia de Género

2011-11-03T05:30:00.000-07:00

Organizado por el MICAP.

Jueves, 10 de noviembre de 2011

• 9:30. Entrega de documentación.
• 10:00. Apertura del curso a cargo de la Ilma. Sra. Dª Elena Torres Miranda, consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud.
• 10:15-11:45. Mesa redonda: Violencia contra las mujeres versus Violencia de género. Modera: Dña. Blanca Fernández Viguera, profesora titular del Dpto.
de Trabajo Social de la UPNA. Intervienen: Dña. Charo Carracedo Bullido, abogada (La explotación sexual y la trata de mujeres), Dña. Macarena Eseverri Aznar, abogada del MICAP (La mutilación genital femenina), Dña. Piluca Labayen Esteban, profesora de IES de Zizur (La violencia contra las mujeres en jóvenes y adolescentes).
• 12:00. Pausa café.
• 12:30-14:00. Formas menos visibles de la violencia contra las mujeres. Presenta: Dña. Sara Ibarrola Intxusta, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia. Interviene: Dña. Nuria Varela Menéndez, periodista, escritora e investigadora en materia de género y política de igualdad.
• 16:00-17:00. Incidencia de la violencia de género en el ámbito civil de la familia y menores. Dña. Teresa San Segundo Manuel, coordinadora del Master de Malos Tratos (UNED) y profesora de Derecho Civil.
• 17:15-18:15. Nuevos cambios legislativos en la pensión de viudedad y su repercusión en las mujeres que padecen violencia. Dña. Isabel Abella Ruiz de Mendoza, abogada de Abella Legal Consultoría.

Viernes, 11 de noviembre

• 9:30-10:30. Perspectivas jurídicas de futuro en la lucha contra la violencia de género.Ilma. Sra. Dña. Esther Erice Martínez, magistrada, presidenta de laAudiencia Provincial de Navarra.• 10:45-11:45. Cuestiones prácticas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.Ilma. Sra. Dña. Ana Montserrat Llorca Blanco, jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona.
• 12:00. Pausa café.
• 12:30-13:30. El impacto psicológico de la violencia en las mujeres y en sus hijas e hijos. Dña. Esther Calvete Zumalde, profesora en la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto.
• 15:30-16:30. ¿Hombres violentos o dinámicas de violencia? Dña. Elena Casado Aparicio, socióloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.
•16:45-17:45. Ley Integral de Violencia de Género: Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y nuevas propuestas. Dña. Cristina Zoco Zabala, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra.

Sábado, 12 de noviembre

• 10:00-11:00. Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Dña. Isabel Menéndez Menéndez, doctora en Filosofía y Licenciadaen Periodismo, profesora de la Universidad de Burgos.• 11:15. Pausa café.
• 11:30-12:30. La creatividad femenina como clave de futuro. Un recorrido histórico por capacidades, poderes, afectos y retos de las mujeres. Dña. Fátima Frutos Moreira, escritora y agente de
Igualdad.
• 12:45. Clausura del Curso, a cargo del Excmo. Sr. Don Alfredo Irujo Andueza, decano del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona.

Auditorio de Civican (Avda. Pío XII, 2 - Pamplona).
10.Nov.2011

Recomendado por Gómez Salvador Abogados

Ley de medidas de agilización procesal.

2011-11-03T01:51:00.000-07:00

Ha entrado en vigor la Ley de Medidas de Agilización procesal con importantes cambios.

Descárgatela aquí.

Publicado por Gómez Salvador Abogados.

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

2011-11-02T11:59:00.000-07:00

Artículo 1.- Obligaciones éticas y deontológicas:

1. El abogado está obligado a respetar los principios éticos y deontológicos de la profesión establecidos en el Código Deontológico aprobado por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE) el 28 de noviembre de 1998, en el presente Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española, en los que en su caso tuvieren aprobado el Consejo de Colegios de la Autonomía, y los del concreto Colegio al que esté incorporado.

2. Cuando el abogado actúe fuera del ámbito del Colegio de su residencia, dentro o fuera del Estado español, deberá respetar, además de las normas de su Colegio, las normas éticas y deontológicas vigentes en el ámbito del Colegio de acogida o en el que desarrolle una determinada actuación profesional.

3. Los Consejos de Colegios de las diferentes Autonomías y los distintos Colegios habrán de remitir los Códigos Deontológicos tuvieren establecidos a la Secretaría General del Consejo General de la Abogacía Española y ésta obtendrá de la Secretaría del CCBE los de los demás países de la Unión Europea.

Artículo 2.- Independencia:

1. La independencia del abogado es una exigencia del Estado de Derecho y del efectivo derecho de defensa de los ciudadanos, por lo que para el abogado constituye un derecho y un deber.

2. Para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses de sus clientes, el abogado tiene el derecho y el deber de preservar su independencia frente a toda clase de injerencias y frente a los intereses propios o ajenos.

3. El abogado deberá preservar su independencia frente a presiones, exigencias o complacencias que la limiten, sea respecto de los poderes públicos, económicos o fácticos, los tribunales, su cliente mismo o incluso sus propios compañeros o colaboradores.

4. La independencia del abogado le permite rechazar las instrucciones que, en contra de sus propios criterios profesionales, pretendan imponerle su cliente, sus compañeros de despacho, los otros profesionales con los que colabore o cualquier otra persona, entidad o corriente de opinión, cesando en el asesoramiento o defensa del asunto de que se trate cuando considere que no pueda actuar con total independencia.

5. Su independencia prohíbe al abogado ejercer otras profesiones o actividades que la limiten o que resulten incompatibles con el ejercicio de la abogacía, así como asociarse o colaborar para ello con personas u otros profesionales incursos en tal limitación o incompatibilidad.

Artículo 3.- Libertad de defensa:

1. El abogado tiene el derecho y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes, por lo que, en aras de la recta administración de Justicia, su libertad de expresión está amparada por el art. 437.1 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. El abogado está obligado a ejercer su libertad de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y de forma responsable.

Artículo 4.- Confianza e integridad:

1.- La relación entre el cliente y su abogado se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente.

2.- El abogado, está obligado a no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquél.

3.- En los casos de ejercicio colectivo de la abogacía o en colaboración con otros profesionales, el abogado tendrá el derecho y la obligación de rechazar cualquier intervención que pueda resultar contraria a dichos principios de confianza e integridad o implicar conflicto de intereses con clientes de otros miembros del colectivo.

Artículo 5.- Secreto profesional:

1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y abogado, ínsita en el derecho de aquél a su integridad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. El deber y derecho al secreto profesional del abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

3. El abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo.

4. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional.

5. En caso de ejercicio de la abogacía en forma colectiva, el deber de secreto se extenderá frente a los demás componentes del colectivo siempre que el cliente expresamente lo solicite.

6. En todo caso, el abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad profesional.

7. Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que estén limitados en el tiempo.

8. El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento no excusa al Abogado de la preservación del mismo.

Artículo 6.- Incompatibilidades

1.El abogado que esté incurso en cualquier causa de incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la abogacía, deberá solicitar su baja o pase a colegiado no ejerciente en todos los Colegios en que figurase como ejerciente. La solicitud habrá de formularse en el plazo de un mes desde que se produzca la causa de incompatibilidad, aunque desde que se produzca habrá de cesar en la realización de cualquier actividad profesional como abogado.

2. El abogado que esté incurso en cualquier causa de incompatibilidad respecto de un asunto o tipo de asuntos, deberá abstenerse de intervenir en los mismos. En caso de que la incompatibilidad sobrevenga una vez iniciada la actuación profesional, el abogado deberá cesar inmediatamente en la misma, evitando el riesgo de indefensión mientras se produzca la sustitución por otro letrado.

3. En los supuestos de ejercicio colectivo o en colaboración de la abogacía, las incompatibilidades de cualquiera de sus miembros o integrantes del colectivo, grupo o de sus colaboradores, se extienden al conjunto de todos ellos.

4. En su actuación profesional el abogado deberá respetar las normas sobre incompatibilidades del Colegio de acogida, además de las propias del Colegio de residencia.

Artículo 7.- De la publicidad

1.- El abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de sus servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación existente sobre dichas materias, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas recogidas en el presente Código y las que, en su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio en cuyo ámbito territorial actúe.

2.- En particular, se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella publicidad que suponga:

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.

b) Afectar a la independencia del abogado.

c) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita.

d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio Abogado que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus éxitos o resultados.

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o catástrofes que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes.

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus actuaciones concretas o afirmaciones infundadas de auto alabanza.

g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, ya que su uso se encuentra reservado únicamente a la publicidad institucional que, en beneficio de la profesión en general, sólo pueden realizar los Colegios, Consejos Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española.

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.

i) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de la Abogacía o de la Justicia.

Artículo 8.- Competencia desleal

1. El Abogado no puede proceder a la captación desleal de clientes.

2. Son actos de competencia desleal, en especial los siguientes:

a) Todos aquellos que contravengan las normas tanto estatales como autonómicas que tutelen la leal competencia.

b) La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad, y a las normas específicas sobre publicidad contenidas en el presente Código Deontológico y restantes normas complementarias.

c) Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la dignidad de las personas o a la función social de la Abogacía.

d) La percepción o el pago de contraprestaciones infringiendo las normas legales sobre competencia y las establecidas en este Código Deontológico.

Artículo 9.- Sustitución del Abogado

1.- El Abogado no podrá asumir la dirección de un asunto profesional encomendado a otro compañero sin advertir previamente al mismo por escrito o solicitar su venia y, en todo caso, recibir del Letrado sustituido la información necesaria para continuar el asunto, en aras de la seguridad jurídica, de la buena práctica profesional, de una continuidad armónica en la defensa del cliente y de la delimitación de las responsabilidades del sustituto y del sustituido.

2.- Asimismo el Abogado que suceda a otro en la defensa de los intereses de un cliente procurará que se paguen los honorarios debidos al sucedido, al rescindirse la relación contractual de prestación de servicios que los unía. Tal obligación no implica una responsabilidad civil del Abogado sustituto respecto al pago de los honorarios y gastos debidos a su predecesor, sin perjuicio de su eventual responsabilidad por captación desleal del cliente.

3.- Las mismas reglas anteriores regirán para la sustitución siempre que dicho asesoramiento no constituya relación laboral, en cuyo caso, la sustitución de abogado no precisa la advertencia previa ni obliga a realizar las gestiones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores.

4.- Si fuera precisa la adopción de medidas urgentes en interés del cliente, antes de que pueda darse cumplimiento a las condiciones fijadas anteriormente, el Abogado podrá adoptarlas, informando previamente a su predecesor y poniéndolo en conocimiento anticipado del Decano del Colegio en cuyo ámbito actúe.

5.- Sin perjuicio de la corrección disciplinaria del Letrado que incumpla las reglas anteriores, la sustitución de un Abogado por otro en un acto procesal, sin previa comunicación al relevado, se considerará falta muy grave, por afectar a la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesión.

Artículo 10.- Relación con el colegio:

El abogado está obligado a:

1.- Cumplir lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía, en los Estatutos de los Consejos Autonómicos y en los de los Colegios en los que ejerza la profesión, así como la demás normativa de la Abogacía y los acuerdos y decisiones de los órganos de gobierno en el ámbito correspondiente.

2.- Respetar a los órganos de Gobierno y a los miembros que los componen, debiendo atender con la máxima diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de tales órganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones.

3.- Contribuir al mantenimiento de las cargas colegiales y demás imputaciones económicas del Colegio en la forma y tiempo que se hayan establecido.

4.- Poner en conocimiento del Colegio todo acto de intrusismo, así como los supuestos de ejercicio ilegal, tanto por la no colegiación cuanto por hallarse suspendido o inhabilitado el denunciado en los supuestos de que tenga noticia el abogado.

5.- Poner en conocimiento del Colegio los agravios de que tanto él como cualquiera de sus compañeros hubieran sido objeto con ocasión o como consecuencia del ejercicio profesional.

6.- Comunicar al Colegio las circunstancias personales que afecten al ejercicio profesional, tales como cambios de domicilio, ausencias superiores a un mes o supuestos de enfermedad o invalidez por igual tiempo, sin proveer al cuidado de sus asuntos.

7.- Los abogados que ejerzan en territorio diferente al de su colegiación estarán obligados a comunicarlo al Colegio en que vayan a hacerlo en la forma que establezca el Consejo General de la Abogacía Española o, en su caso, los Consejos Autonómicos, así como a consignar en todos los escritos y actuaciones que firmen el Colegio al que estuviesen incorporados, su número de colegiado y la fecha de la comunicación.

Artículo 11.- Relación con los Tribunales.

1.- Son obligaciones de los Abogados para con los órganos jurisdiccionales:

a) Actuar de buena fe, con probidad, lealtad y veracidad, en sus declaraciones o manifestaciones y con el respeto debido en todas sus intervenciones.

b) Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Administración de Justicia.

c) Guardar respeto a todos cuantos intervienen en la administración de Justicia exigiendo a la vez el mismo y reciproco comportamiento de estos respecto de los Abogados.
d) Exhortar a sus patrocinados o clientes a la observancia de conducta respetuosa respecto de las personas que actúan en los órganos Jurisdiccionales.

e) Cumplir y promover el cumplimiento del principio de legalidad, contribuyendo a la diligente tramitación de los procedimientos de conformidad con la ley.

f) Mantener la libertad e independencia en la defensa con absoluta corrección, evitando alusiones personales referidas a jueces y funcionarios o al compañero, así como cualquier signo ostensible de aprobación o desaprobación respecto de cualquier interviniente. En caso de que se limite dicha libertad o independencia deberá hacerlo constar ante el propio Tribunal y comunicarlo al Colegio respectivo.

g) Por respeto al carácter contradictorio de los Juicios, no podrá entregar pruebas, notas u otros documentos al Juez en forma diferente a lo establecido en las normas procesales aplicables. Tampoco podrá divulgar o someter a los Tribunales una propuesta de arreglo amistoso hecha por la parte contraría o su abogado, sin autorización expresa de aquélla.

h) Cumplir los horarios en las actuaciones judiciales y poner en conocimiento del Colegio cualquier retraso superior a media hora.

i) Comunicar con la debida antelación al Juzgado o Tribunal y a los compañeros que intervengan, cualquier circunstancia que le impida a él o a su cliente acudir a una diligencia.

2.- Las anteriores normas serán igualmente aplicables a las relaciones con los árbitros, peritos y cualquier persona encargada de mediar o dirimir conflictos.

Artículo 12.- Relaciones entre Abogados.

1.- Los Abogados deben mantener recíproca lealtad, respeto mutuo y relaciones de compañerismo.

2.- El Abogado de mayor antigüedad en el ejercicio profesional debe prestar desinteresadamente orientación, guía y consejo de modo amplio y eficaz a los de reciente incorporación que lo soliciten. Recíprocamente éstos tienen el derecho de requerir consejo y orientación a los abogados experimentados, en la medida que sea necesaria para cumplir cabalmente con sus deberes.

3.- El Abogado que pretenda iniciar una acción, en nombre propio o como Abogado de un cliente, contra otro compañero por actuaciones profesionales del mismo, habrá de comunicarlo previamente al Decano, por si considera oportuno realizar una labor de mediación.

4.- En los escritos judiciales, en los informes orales y en cualquier comunicación escrita u oral, el Abogado mantendrá siempre el más absoluto respeto al abogado de la parte contraria, evitando toda alusión personal.

5.- El Abogado desarrollará sus mejores esfuerzos propios para evitar acciones de violencia, de la clase que sean, contra otros abogados defensores de intereses opuestos, debiéndolas prevenir e impedir por todos los medios legítimos, aunque provinieren de sus propios clientes a los que exigirá respetar la libertad e independencia del Abogado contrario.

6.- El Abogado, en sus comunicaciones y manifestaciones con el Abogado de la parte contraría, no comprometerá a su propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio o lesión directa o indirecta.

7.- El Abogado debe procurar la solución extrajudicial de las reclamaciones de honorarios propias o de otros compañeros, mediante la transacción, la mediación o el arbitraje del Colegio. Es conducta reprobable la impugnación de honorarios realizada de forma maliciosa o fraudulenta así como cualquier otro comentario en el mismo sentido respecto a los honorarios o condiciones económicas de otro compañero.

8.- Las reuniones entre Abogados y sus clientes se procurará celebrarlas en lugar que no suponga situación privilegiada para ninguno de los Abogados intervinientes y se recomienda la utilización de las dependencias del Colegio de Abogados, cuando no exista acuerdo sobre el lugar de celebración de las reuniones. No obstante, si la reunión hubiere de celebrarse en el despacho de alguno de los Abogados intervinientes, será en el de aquél que tuviere mayor antigüedad, salvo que se trate del Decano o de un Ex-Decano, en cuyo caso será en el de éstos, a no ser que se decline expresamente el ofrecimiento. La norma deberá cumplirse, aunque uno o más de los Abogados presten sus servicios profesionales en empresas, entidades bancarias o de ahorro.

9.- El Abogado debe recibir siempre y con la máxima urgencia al compañero que le visite en su despacho y con preferencia a cualquier otra persona, sea o no cliente, que guarde espera en el despacho. En caso de imposibilidad de inmediata atención, dejará momentáneamente sus ocupaciones para saludar al compañero y excusarse por la espera.

10.- El Abogado debe atender inmediatamente las comunicaciones escritas o telefónicas de otros abogados y estas últimas debe hacerlas personalmente.

11.- El Abogado que esté negociando con otro compañero la transacción o solución extrajudicial de un asunto vendrá obligado a notificarle el cese o interrupción de la negociación, así como a dar por terminadas dichas gestiones, antes de presentar reclamación judicial.

12.- Las comunicaciones con abogados extranjeros deben ser consideradas también de carácter confidencial o reservado, siendo recomendable se requiera previamente del colega extranjero su aceptación como tales

13.- El Abogado que se comprometa a ayudar a un colega extranjero tendrá siempre en cuenta que el compañero ha de depender de él en mayor proporción que si se tratase de abogados del propio país y por tanto se abstendrá de aceptar gestiones para las que no esté suficientemente capacitado, facilitando al Letrado extranjero información sobre otros abogados con la preparación específica para cumplir el encargo.

Artículo 13.- Relaciones con los clientes

1.- La relación del Abogado con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza. Dicha relación puede verse facilitada mediante la suscripción de la recomendable Hoja de Encargo.

2.- El Abogado sólo podrá encargarse de un asunto, por mandato de su cliente, encargo de otro Abogado que represente al cliente, o por designación colegial.
El Abogado deberá comprobar la identidad y facultades de quien efectúe el encargo.

3.- El Abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión.
Así mismo el Abogado podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente. Deberá hacerlo siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa o a la obligación de secreto profesional.
El Abogado que renuncie a la dirección Letrada de un asunto habrá de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente. Cuando se trate de defensa asumida por designación colegial, la aceptación, rechazo, abstención o cese habrá de acomodarse a las normas sobre justicia gratuita y sobre este tipo de designaciones.

4.- El Abogado no puede aceptar la defensa de intereses contrapuestos con otros que esté defendiendo, o con los del propio abogado
Caso de conflicto de intereses entre dos clientes del mismo Abogado, deberá renunciar a la defensa de ambos, salvo autorización expresa de los dos para intervenir en defensa de uno de ellos.
Sin embargo el Abogado podrá intervenir en interés de todas las partes en funciones de mediador o en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual, debiendo mantener en tal supuesto una estricta y exquisita objetividad.

5.- El Abogado no podrá aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente, cuando exista riesgo de que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser violado, o que de ellas pudiera resultar beneficio para el nuevo cliente.

6.- El Abogado deberá, asimismo, abstenerse de ocuparse de los asuntos de un conjunto de clientes afectados por una misma situación, cuando surja un conflicto de intereses entre ellos, exista riesgo de violación del secreto profesional, o pueda estar afectada su libertad e independencia.

7.- Cuando varios Abogados formen parte o colaboren en un mismo despacho, cualquiera que sea la forma asociativa utilizada, las normas expuestas serán aplicables al grupo en su conjunto, y a todos y cada uno de sus miembros.

8.- El Abogado no aceptará ningún asunto si no se considera o no debiera considerarse competente para dirigirlo, a menos que colabore con un Abogado que lo sea.

9.- El Abogado tiene la obligación de poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito, cuando éste lo solicite del mismo modo:
a) Su opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado previsible del asunto.
b) Importe aproximado, en cuanto sea posible, de los honorarios, o de las bases para su determinación.
c) Si por sus circunstancias personales y económicas tiene la posibilidad de solicitar y obtener los beneficios de la asistencia Jurídica Gratuita.
d) Todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su independencia, como relaciones familiares, de amistad, económicas o financieras con la parte contraria o sus representantes.
e) La evolución del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, recursos contra las mismas; posibilidades de transacción, conveniencia de acuerdos extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio.

10.- El Abogado asesorará y defenderá a su cliente con diligencia, y dedicación, asumiendo personalmente la responsabilidad del trabajo encargado sin perjuicio de las colaboraciones que recabe.

11.- El Abogado tiene la obligación, mientras esté asumiendo la defensa, de llevarla a término en su integridad, gozando de plena libertad a utilizar los medios de defensa, siempre que sean legítimos y hayan sido obtenidos lícitamente, y no tiendan como fin exclusivo a dilatar injustificadamente los pleitos.

12.- La documentación recibida del cliente estará siempre a disposición del mismo, no pudiendo en ningún caso el Abogado retenerla, ni siquiera bajo pretexto de tener pendiente cobro de honorarios. No obstante podrá conservar copias de la documentación.

Artículo 14.- Relaciones con la parte contraria:

1.- El Abogado ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre con éste la relación derivada del asunto, a menos que el compañero autorice expresamente el contacto con su cliente.
2.- Cuando la parte contraria no disponga de abogado, deberá recomendarle que designe uno. Y si a pesar de ello, insistiera en su decisión de no tener Abogado propio, el interviniente deberá evitar toda clase de abuso.

Artículo 15.- Honorarios:

1.- El Abogado tiene derecho a percibir retribución u honorarios por su actuación profesional, así como el reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía y régimen de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal.
A falta de pacto expreso en contrario, entre Abogado y cliente, los honorarios se ajustarán a las Normas Orientadoras de Honorarios del Colegio en cuyo ámbito actúe, aplicadas conforme a las reglas, usos y costumbre del mismo, normas que tendrán carácter supletorio.
Los honorarios han de ser percibidos por el Abogado que lleve la dirección efectiva del asunto, siendo contraria a la dignidad de la profesión la partición y distribución de honorarios entre Abogados excepto cuando:
a) Responda a una colaboración jurídica
b) Exista entre ellos ejercicio colectivo de la profesión en cualquiera de las formas asociativas autorizadas
c) Se trate de compensaciones al compañero que se haya separado del despacho colectivo
d) Constituyan cantidades abonadas a los herederos de un compañero fallecido.
Igualmente le estará prohibido al Abogado compartir sus honorarios con persona ajena a la profesión, salvo los supuestos de convenios de colaboración con otros profesionales, suscritos con sujeción a las normas aprobadas por la Abogacía.

Artículo 16.- Cuota litis:

1.- Se prohibe, en todo caso, la cuota litis en sentido estricto, que no está comprendida en el concepto de honorarios profesionales.
2.- Se entiende por cuota litis, en sentido estricto, aquel acuerdo entre el Abogado y su cliente, formalizado con anterioridad a terminar el asunto, en virtud del cual el cliente se compromete a pagar al Abogado únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente por el asunto.
3.- No es cuota litis el pacto que tenga por objeto fijar unos honorarios alternativos según el resultado del asunto, siempre que se contemple el pago efectivo de alguna cantidad que cubra como mínimo los costes de la prestación del servicio jurídico concertado para el supuesto de que el resultado sea totalmente adverso, y dicha cantidad sea tal que, por las circunstancias concurrentes o las cifras contempladas, no pueda inducir razonablemente a estimar que se trata de una mera simulación.
4.- La retribución de los servicios profesionales también pueden consistir en la percepción de una cantidad fija, periódica, o por horas, siempre que su importe constituya adecuada, justa y digna compensación a los servicios prestados.

Artículo 17.- Provisión de fondos

El Abogado tiene derecho a solicitar y percibir la entrega de cantidades en concepto de fondos a cuenta de los gastos suplidos, o de sus honorarios, tanto con carácter previo como durante la tramitación del asunto.
Su cuantía deberá ser acorde con las previsiones del asunto y el importe estimado de los honorarios definitivos.
La falta de pago de la provisión autorizará a renunciar o condicionar el inicio de las tareas profesionales, o a cesar en ellas.

Artículo 18.- Impugnación de honorarios:

Constituye infracción deontológica la conducta del Abogado que reiteradamente intente percibir honorarios que hayan sido objeto de impugnaciones procedentes o de quejas justificadas por razón de su importe excesivo. También será infracción deontológica la conducta del Abogado que impugne sin razón y con carácter habitual las minutas de sus compañeros o induzca o asesore a los clientes a que lo hagan.

Artículo 19.- Pagos por captación de clientela:

El Abogado no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de compensación a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un cliente o recomendado a posibles clientes futuros

Artículo 20.- Tratamiento de fondos ajenos

1.- Cuando el Abogado éste en posesión de dinero o valores de clientes o de terceros, estará obligado a tenerlos depositados en una o varias cuentas específicas abiertas en un banco o entidad de crédito, con disposición inmediata. Estos depósitos no podrán ser concertados ni confundidos con ningún otro depósito del abogado, del bufete, del cliente o de terceros.

2.- Salvo disposición legal, mandato judicial o consentimiento expreso del cliente o del tercero por cuenta de quien se haga, queda prohibido cualquier pago efectuado con dichos fondos. Esta prohibición comprende incluso la detracción por el Abogado de sus propios honorarios, salvo autorización para hacerlo recogida en la hoja de encargo o escrito posterior del cliente y, naturalmente, sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan solicitarse y obtenerse de los Tribunales de Justicia.

3.- El Abogado que posea fondos ajenos en el marco de una actividad profesional ejercida en otro Estado Miembro de la UE deberá observar las normas sobre depósito y contabilización de los fondos ajenos en vigor en el Colegio a que pertenezca en el Estado Miembro de origen.

4.- Los abogados tienen la obligación de comprobar la identidad exacta de quien les entregue los fondos.

5.- Cuando el abogado reciba fondos ajenos con finalidades de mandato, gestión o actuación diferente a la estrictamente profesional, quedará sometido a la normativa general sobre tal clase de actuaciones.

Artículo 21.- Cobertura de la responsabilidad civil

1.- El Abogado deberá tener cubierta, con medios propios o con el recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuantía adecuada a los riesgos que implique.

2.- El Abogado que preste servicios profesionales en otro Estado Miembro de UE de acogida diferente de aquel donde este incorporado, deberá cumplir las disposiciones relativas a la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil profesional conforme a las exigencias del Estado Miembro de origen y del Colegio de acogida.